El pasado domingo, después de más de un mes de agónica espera tras la primera vuelta del 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) corroboró oficialmente lo que ya parecía una tendencia firme respecto a quiénes serán los dos candidatos que pasaron al balotaje en las elecciones presidenciales peruanas de 2026.
La decisión no fue nada fácil: los resultados estuvieron extremadamente reñidos en la disputa por el segundo lugar. Todo esto ocurrió en un contexto inédito con 35 candidatos presidenciales y un elevado número de votos en blanco y nulos que llegó a superar a la opción más votada. Estos hechos inéditos evidencian la fragmentación política, así como el profundo malestar social en torno al propio proceso electoral. El conteo, a cámara lenta, finalmente culminó y abrió definitivamente un escenario que no parece tan novedoso.
El resultado se circunscribe a los históricos actores en pugna agónica desde hace décadas, por no decir siglos, y a la vinculación de ambos ganadores a grupos, territorios y clases que han soportado el enfrentamiento social de manera estructural.
Fujimorismo en la escena
En el primer lugar se consolidó Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular (FP) y representante directa del fujimorismo —ese movimiento político de derecha que gobernó el país desde 1990 hasta el año 2000, con su padre Alberto Fujimori en el poder—.
Keiko Fujimori posee un techo electoral relativamente bajo que crece por las adiciones de la derecha ideológica y el conservadurismo mediático, pero que produce un tremendo rechazo de muchos sectores sociales que fueron duramente reprimidos por el fujimorismo.
Ella ha logrado mantener su posición y asegurar su pase al balotaje por cuarta vez consecutiva. En los otros tres comicios (2011, 2016 y 2021) resultó derrotada. Esto obedece a que, si bien el fujimorismo cuenta con un nicho sólido que le permite sostenerse como una de las principales fuerzas políticas del país, también posee un cúmulo de escándalos políticos y judiciales que ha mantenido a Keiko, a su padre y a sus gobiernos en una controversia radical y constante, por lo que posee también un techo electoral relativamente bajo que crece por las adiciones de la derecha ideológica y el conservadurismo mediático, pero que produce un tremendo rechazo de muchos sectores sociales que fueron duramente reprimidos por el fujimorismo. Su constante manejo pragmático y oscuro de la política legislativa ha acentuado esta repulsión.
Izquierda popular
Si vamos a los datos y a los números de la contraparte, no se podría decir algo muy diferente del movimiento popular, en este caso representado por el psicólogo Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú (JXP), quien se posiciona en el espectro de la izquierda popular. Básicamente, su votación se circunscribe con fuerza a la zona sur del país, a los sectores campesinos, indígenas y rurales. Este candidato, que viene de ser ministro de Comercio Exterior y Turismo durante la gestión del expresidente depuesto y encarcelado Pedro Castillo, es visto hoy como el representante de las luchas populares que se movilizaron activamente durante los últimos años. Dichas protestas exigían tanto la restitución de Castillo como la impugnación directa contra quien fuera casi cuatro años la presidenta de facto (por designación legislativa) y cuestionada por los sectores populares, Dina Boluarte. Este largo ciclo de manifestaciones derivó en una fuerte respuesta estatal, con un gran número de muertes y heridos, así como medidas represivas, bloqueos y tomas de infraestructura que mantuvieron un altísimo grado de conflictividad social durante mucho tiempo.
Ese encono hoy vuelve a la palestra pública: entre 35 opciones electorales, el sector tradicionalmente más "terruqueado" —como se dice en el argot político peruano para referirse a las vinculaciones estigmatizantes que hacen los medios de comunicación corporativos y los políticos del establishment contra todo aquello que sea de izquierda, popular o progresista— se impuso a la criminalización, superó el fraccionamiento y avanzó hacia la segunda vuelta. Pero también mantiene una rotunda oposición por parte del poderoso conservadurismo peruano. En el actual escenario de descrédito político, con mayorías inconformes y desmovilizadas, su caudal electoral difícilmente pueda convertirse en el tsunami que necesita no solo para ganar numéricamente sino también para lograr un mínimo de reconocimiento con el que pueda iniciar una gestión en un ámbito de pacificación general.
Este balotaje, programado oficialmente para el próximo 7 de junio, no parece ser muy diferente del vivido en 2021 entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. En aquella ocasión, el final fue de infarto: Castillo ganó en el conteo oficial de la ONPE por un estrecho margen (50,13 % frente al 49,87 % de Fujimori). Sin embargo, las sistemáticas impugnaciones y acusaciones de supuesto fraude retrasaron semanas la proclamación del ganador, como ahora lo han hecho con Sánchez.
Además, desde antes de que asumiera y fuera juramentado, Castillo enfrentó una férrea oposición parlamentaria y mediática que buscaba impedir su investidura utilizando como únicos argumentos su condición de maestro de escuela rural, acusado de ser "comunista" o vinculado al "terrorismo" sin más pruebas que su extracción social y su discurso progresista. Desde el primer día de su gestión, el Ejecutivo fue vapuleado y obstaculizado constantemente mediante reiterados intentos de vacancia por incapacidad moral, hasta que finalmente, tras un fallido intento de disolución del Congreso, fue capturado y apresado en diciembre de 2022.
Con la implantación de un nuevo Senado, el Congreso posiblemente tendrá mucho más poder para lograr acuerdos con mayor facilidad, para amedrentar y disolver cualquier gestión de gobierno.
Con un Congreso de la República que ha logrado deponer a ocho presidentes en la última década, la suerte de ambos candidatos está echada.
Bajo estas circunstancias, no parece que la crisis política se vaya a destrabar con esta elección. De ganar Keiko Fujimori, se sobreentiende que se implementará un paquete de medidas económicas y ajustes de corte neoliberal en medio de una escalada autoritaria que evocarán las épocas más duras del gobierno de su fallecido padre, desatando una fuerte conflictividad social que sigue latente en las calles. De la misma forma, de ganar el candidato del movimiento popular, es altamente probable que los sectores conservadores y los grandes medios de comunicación repitan el libreto aplicado contra Castillo e intenten impedirle gobernar; de hecho, el Ministerio Público ya ha abierto investigaciones preliminares contra el candidato para condicionar el proceso de la campaña electoral.
El 7 de junio se llevará a cabo esta segunda vuelta, bajo un escenario que se percibe más como un desgarrador déjà vu que como una solución real. Con un Congreso de la República que ha logrado deponer a ocho presidentes en la última década, la suerte de ambos candidatos está echada: los dos cargan con una oposición cruda y poderosa; uno de ellos genera el rechazo absoluto del establishment político y empresarial; y la otra, el de los sectores populares que se movilizarán rápidamente si llega a alcanzar el triunfo.
Así como el resultado de 2021 fue cerrado, podríamos esperar de este ejercicio algo similar. Las proyecciones parejas podrían traer de vuelta el conteo a "cámara lenta" de estas últimas semanas y una redición automática del "terruqueo" al que nos tiene acostumbrados la política peruana. Quedan escasas tres semanas de campaña y cada pequeño avance o error deberá ser tomado en cuenta para saber quién lleva la delantera.
