El debate contemporáneo sobre la libertad de expresión en internet suele presentarse como una confrontación entre ciudadanos libres y Estados intrusivos. El problema no es denunciar supuestas censuras gubernamentales, el principal problema radica en hacerlo como si existiera previamente un territorio neutral, un espacio digital originalmente abierto que los poderes públicos intentarían colonizar o restringir. Esa premisa rara vez se examina. Las grandes redes sociales y los nuevos canales de comunicación no son espacios públicos en sentido jurídico ni político: son infraestructuras privadas de alcance global, propiedad de corporaciones concretas que operan bajo lógicas empresariales. Es importante tener en cuenta que antes de cualquier regulación estatal, antes de cualquier intervención legislativa, allí ya había un propietario.
Esta confusión no es inocente. Si asumimos que las plataformas son meros canales de comunicación, perdemos de vista que constituyen uno de los sectores más rentables del capitalismo contemporáneo. No venden únicamente publicidad ni servicios tecnológicos: venden capacidad de influencia basada en la explotación sistemática de datos conductuales. Un ejemplo sería Meta* —propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram— que declaró en 2024 ingresos superiores a los 160.000 millones de dólares, con beneficios netos cercanos a los 60.000 millones. Pero, ¿cuál es el negocio? Según sus propias fuentes y lo que recogen distintos medios económicos, el 98 % de sus ingresos proceden de publicidad segmentada. Su modelo no consiste en ofrecer un servicio gratuito, sino en comercializar la posibilidad de intervenir sobre los comportamientos de sus usuarios con una precisión sin precedentes. Es decir, una información precisa e individualizada sobre el comportamiento humano que ese contenido revela. Cada interacción, cada "me gusta", cada búsqueda, cada pausa ante una imagen alimenta modelos predictivos que permiten anticipar decisiones de consumo, afinidades ideológicas e incluso patrones emocionales. La gratuidad es, en este sentido, una ilusión funcional: no pagamos con dinero, sino con datos. Unos datos que no son un efecto colateral, sino el núcleo mismo del negocio. Y que, finalmente, son vendidos al mejor postor.
Lo llamativo es que esta arquitectura económica suele permanecer en segundo plano en el debate público. Se teme la vigilancia estatal y se normaliza la vigilancia corporativa. La posibilidad de que un gobierno establezca límites regulatorios provoca alarma inmediata, mientras que la absoluta certeza de que una empresa privada almacena, procesa y monetiza la vida cotidiana de millones de personas apenas genera cierta incomodidad. En esa dirección, la cuestión no es negar los riesgos del poder estatal, sino comprender que el poder privado que organiza la esfera digital no es menos estructural.
No pagamos con dinero, sino con datos. Unos datos que no son un efecto colateral, sino el núcleo mismo del negocio.
Un ejemplo reciente ilustra esta inversión de percepciones. Cuando el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció mecanismos de verificación de edad para proteger a menores en determinadas plataformas, la reacción fue inmediata. Pável Dúrov, fundador de Telegram, alertó contra posibles injerencias gubernamentales, enviando mensajes directos a usuarios de la plataforma en España. La escena parecía clara: el poder público restringiendo libertades y el empresario digital defendiendo a la ciudadanía. Sin embargo, Telegram supera los 800 millones de usuarios activos y ha consolidado un modelo de monetización basado en publicidad segmentada, de nuevo, suscripciones premium y servicios vinculados a blockchain. No es una organización filantrópica, sino una empresa cuya valoración depende de la expansión de usuarios y de la explotación de su actividad. Además, como cualquier otra gran plataforma, adapta su funcionamiento a los marcos regulatorios de las jurisdicciones donde opera. La retórica libertaria convive, en la práctica, con la obediencia a las normas que garantizan su continuidad comercial. Por ejemplo, desde la Unión Europea no tenemos acceso a canales de información rusos en esta plataforma.
Otro caso es el de Elon Musk, que además permite ampliar el enfoque. El empresario se presenta como adalid de la desregulación y crítico del intervencionismo estatal. Sin embargo, SpaceX —compañía matriz de Starlink— es adjudicataria del programa National Security Space Launch del Departamento de Defensa de EE.UU. y mantiene contratos con el Pentágono y la Fuerza Espacial para el lanzamiento de satélites estratégicos y la provisión de servicios satelitales. Ha creado incluso una división específica, Starshield, orientada a clientes gubernamentales y de defensa. Así que su infraestructura no es únicamente comercial, forma parte del entramado estratégico de seguridad estadounidense. En ese sentido, decisiones como la activación o restricción de Starlink en escenarios de conflicto no pueden interpretarse como gestos tecnológicos neutrales. No se trata de conspiraciones, sino de interdependencias estructurales entre grandes corporaciones tecnológicas y el aparato estatal al que están vinculadas contractualmente.
En este contexto, el supuesto enfrentamiento entre Estado y plataformas resulta simplificador. El Estado no es una entidad abstracta ajena a las dinámicas económicas: históricamente ha garantizado marcos jurídicos, infraestructuras y condiciones necesarias para la acumulación de capital, al tiempo que también ha sido un espacio de disputa política. Es decir, no es un espacio neutral, pero tampoco cerrado.
Lo que presentan como una batalla por los derechos civiles es, en realidad, una pugna empresarial por el control de un territorio estratégico.
Sin embargo, es necesario profundizar esta cuestión. La presencia cada vez más evidente de los nuevos magnates tecnológicos en el escenario público, ha motivado, un importante debate teórico sobre si estas dinámicas configuran una nueva fase del capitalismo que algunos autores han denominado "tecnofeudalismo". El economista Yanis Varoufakis sostiene que las grandes plataformas actúan como señores digitales que extraen rentas a quienes operan en su territorio; Cédric Durand ha subrayado que el control de infraestructuras digitales esenciales genera relaciones de dependencia estructural de carácter rentista; mientras que la socióloga estadounidense Shoshana Zuboff prefiere hablar de "capitalismo de vigilancia" para destacar la centralidad de la extracción masiva de datos conductuales.
Más allá de las diferencias conceptuales o del debate teórico que en estos momentos está en pleno desarrollo, lo relevante es constatar que el poder ya no se ejerce únicamente a través de la propiedad clásica de los medios de producción, sino también mediante el dominio de plataformas que organizan la comunicación, el comercio y la interacción social a escala global debido a la revolución tecnológica. En ese sentido, bajo mi punto de vista, no es que las grandes corporaciones tecnológicas busquen sustituir al Estado, sino condicionarlo y participar en la definición de las reglas que regulan su propio sector y garantizan sus beneficios.
La cuestión, por tanto, no es la censura ni la libertad de expresión, sino los negocios y el poder. El espacio digital nunca fue neutral: nació como infraestructura privada y, en tanto producto de una revolución tecnológica aún reciente, sigue buscando su encaje estructural dentro del sistema capitalista. En ese proceso, las grandes plataformas negocian con los Estados los términos de su poder, su marco normativo y su porción del beneficio. Lo que presentan como una batalla por los derechos civiles es, en realidad, una pugna empresarial por el control de un territorio estratégico. Mientras tanto, arrastran a la ciudadanía a una tensión que no le pertenece, utilizándola como coartada discursiva donde los que han convertido la vigilancia en modelo de negocio se erigen cínicamente como defensores de la "libertad" de todos.
*Calificada en Rusia como organización extremista, cuyas redes sociales están prohibidas en su territorio.
