El suicidio de una menor de 13 años en la localidad brasileña de Naviraí, ocurrido el pasado 22 de julio, dio un giro inesperado y derivó en una investigación policial que reveló la existencia de una organización delincuencial dedicada a captar a niños y adolescentes vulnerables para manipularlos psicológicamente e inducirlos a ejecutar desafíos extremos, a autolesionarse y, en el paroxismo, a cometer suicidio, reporta Folha de São Paulo.
Al investigar el caso, la Comisaría Especializada de Protección de Niños y Adolescentes del estado de Mato Grosso do Sul y una unidad especializada en ciberdelincuencia concluyeron que el deceso de la adolescente no fue un caso aislado, sino que su muerte estaba directamente relacionada con las actividades de una estructura criminal con alcance nacional que opera en Internet.
De acuerdo con la reseña del medio, el análisis de las pesquisas digitales le permitió a la Policía identificar a una segunda víctima en otro estado –cuya identidad permanece bajo resguardo–, así como indicios que sugieren que hay otros afectados que todavía no han sido identificados.
Hipótesis y operativo
Según la hipótesis construida por las autoridades, los miembros de la organización criminal tenían cuentas activas en diversas plataformas digitales que utilizaban para reclutar a menores emocionalmente vulnerables y luego formaban grupos cerrados en donde los manipulaban psicológicamente.
La Policía afirma que los agresores se ganaban la confianza de los niños y adolescentes a los que elegían como blanco y procedían a coaccionarlos sostenidamente. También los sometían a aislamiento y a prácticas de violencia psicológica que incluyeron desafíos extremos y cada vez más violentos con autolesiones, humillaciones y otras prácticas degradantes, en interés de profundizar el control que ejercían sobre ellos.
Esta jornada, la Policía Civil de Mato Grosso do Sul lanzó la Operación Lívia, de la que también participan fuerzas policiales de los estados de Ceará, Minas Gerais, Pará y Río de Janeiro. Además, se ejecutaron seis órdenes de registro e incautación así como una orden de arresto contra un sospechoso adulto.
Se espera que los teléfonos celulares, computadoras y otros equipos electrónicos incautados aporten evidencia que permita identificar tanto a nuevas víctimas como a otros miembros de la organización criminal.
